FUTUROS PROMISORIOS

Uruguay, Chile y Brasil se acercan a las elecciones que definirán quiénes serán sus nuevos presidentes. Pero más allá de las figuras, aparecen sociedades involucradas con el rumbo de su país.
Los uruguayos se encuentran en la recta final del proceso electoral que el 29 de noviembre determinará qué persona y qué proyecto político sucederá al actual mandatario Tabaré Vásquez. El presidente del Frente Amplio dejará su cargo en marzo de 2010 y ostenta un índice de popularidad del 71 por ciento. La constitución uruguaya no ofrece la posibilidad de la reelección y, en lo personal, Vázquez desalentó cualquier otro medio para perseguir ese objetivo. Quizás sea justamente por eso que mantiene tan alto grado de respaldo popular.
El gobierno de Vázquez -el primero del Frente Amplio- demostró que un grupo de centro izquierda, diferente de los partidos políticos tradicionales, quizás un poco heterogéneo, era capaz de gobernar y de sostener el rumbo del país, añadiendo una labor social largamente postergada. En las elecciones generales celebradas en octubre, los uruguayos manifestaron sus preferencias mayoritarias por el candidato del Frente Amplio, José Mujica y por el del Partido Nacional -o Blanco- el ex presidente Luis Lacalle. En el fondo existe una pugna entre aquellos uruguayos con una concepción más tradicionalista y aquellos con una idea más renovadora de la política. Sin embargo, hay temas comunes en los cuales, en términos generales están de acuerdo. Sólo por poner un ejemplo, desde hace más de treinta años Uruguay se proyectó como un país productor de pasta de papel. En aquellos años se plantaron los árboles que hoy la empresa Botnia utiliza para su producción. Ni el Partido Colorado, ni el Partido Blanco ni el Frente Amplio discuten sobre eso.
Lo que decidirán los uruguayos el 29 de noviembre es si le dan continuidad a una forma o a otra de llevar adelante el “proyecto Uruguay”, en el que todos mayoritaria o minoritariamente se sienten embarcados.
Los chilenos enfrentan un desafío diferente. Con la elección presidencial del 13 de diciembre posiblemente comiencen a dar vuelta la página del “post-pinochetismo”. Chile conserva aún muchos nichos autoritarios originados en la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Recuérdese además que en el caso chileno la dictadura militar cedió la conducción política a los civiles sin las mismas presiones que en otros países de América Latina. Las Fuerzas Armadas todavía conservan un poder imposible de soslayar, sustentado principalmente en que su presupuesto se nutre de un porcentaje fijo de la principal exportación chilena, el cobre. La dictadura pinochetista dejó numerosos enclaves autoritarios en la política y la sociedad chilenas. Muchos de ellos han sido superados, otros no. La posibilidad de que la centro derecha acceda al poder tras casi 20 años de gobierno de la Concertación, indica claramente una evolución de las tendencias políticas en Chile. La Concertación de Partidos por la Democracia, aglutina a varios partidos, los más importantes la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. La centro derecha había conservado hasta la actualidad resabios autoritarios. El mérito del empresario Sebastián Piñera consiste en haber dotado a la centro derecha chilena, encarnada en la agrupación Renovación Nacional, de una ética más democrática y de una estética muy similar a la de las derechas anglosajonas.
Simultáneamente, de la mano de Marco Enríquez Ominami, parece estar floreciendo una nueva centro izquierda en Chile, más comprometida con los cambios sociales que la Concertación y surgida como un desprendimiento crítico de ella.
El surgimiento de una centro derecha y una centro izquierda más dinámicas y comprometidas, sitúa a la Concertación en la necesidad de un replanteo y una adecuación a las preferencias de los chilenos. Su candidato, el ex presidente Eduardo Frei, no consigue recuperar los votos que le sustrae Enríquez Ominami por la izquierda, ni arrebatarle los que concentra Piñera por la derecha. Los últimos sondeos de opinión le otorgan alrededor del 36 por ciento de las preferencias a Piñera, aproximadamente un 26 por ciento a Frei y entre 14 y 18 por ciento a Enríquez Ominami. Las proyecciones plantean un escenario de segunda vuelta electoral entre Piñera y Frei con una intención de voto del 49 por ciento para el primero y 42 por ciento para el segundo. Sea quien fuere el ganador, deberá ponerse a la altura de Michelle Bachelet, quien dejará su cargo sin posibilidad de reelección, ostentando un 78 por ciento de popularidad.
Sin embargo, nadie discute el extraordinario posicionamiento internacional de Chile ni su apertura al mundo. Tampoco el desarrollo macroeconómico del país. No está en tela de juicio el “proyecto Chile”, aunque queden pendientes aún el desarrollo de mecanismos que traduzcan más equitativamente al conjunto de la sociedad esos éxitos macroeconómicos y el desalojo definitivo de los enclaves autoritarios, herencia de un pasado al cual ningún chileno sensato desea retornar.
Por otro lado, las elecciones presidenciales en Brasil serán en octubre de 2010. Falta tiempo todavía. No obstante, el primer mandatario, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, quien concluirá su segunda presidencia con un índice de popularidad superior al 80 por ciento -es quizás el presidente con mayor popularidad en el planeta- y sin posibilidades de otra reelección, intenta que su partido pueda continuar con su labor. Su preferida para sucederlo es la Jefa de Gabinete, Dilma Rousseff. Sin embargo, se encuentra en una posición de vulnerabilidad. Además de las lógicas batallas internas que debe enfrentar para quedarse con la candidatura presidencial, en abril se conoció que padece -aunque tratable- un cáncer linfático. El oficialista Partido de los Trabajadores debe enfrentar además la candidatura extrapartidaria del ex ministro de Lula, Ciro Gómez, quien amenaza con absorber a muchos de los votantes del oficialismo. Es por eso que el primer mandatario se encuentra abocado a sellar una alianza política con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño para las elecciones de octubre del año entrante. La oposición, encarnada en el Partido de la Social Democracia Brasileña, presenta a la fecha como precandidato presidencial a José Serra, actual gobernador del Estado de Sao Paulo y ex ministro de Fernando Henrique Cardoso. Serra ya perdió una elección presidencial ante Lula en 2002. A pesar de ello, es un candidato instalado popularmente y Brasil contiene varias historias de candidatos persistentes que finalmente alcanzaron la primera magistratura del país, Lula entre ellos. Asoma sin embargo otro candidato en el mismo partido con un apellido ilustre. Se trata de Aecio Neves, nieto por vía materna de Tancredo Neves, el primer presidente electo de la democracia en 1985, quien falleció antes de asumir el cargo. Aecio Neves es gobernador de uno de los más importantes Estados de Brasil, Minas Gerais, al que le devolvió en dos períodos consecutivos credibilidad y obras públicas. Redujo a cero un alarmante déficit fiscal, volvió a pagar los sueldos del sector público antes del quinto día de cada mes tras 10 años de irregularidades y consiguió crédito para el Estado tras 14 años sin que nadie se animara a prestarle. Fue reelegido gobernador con el 77 por ciento de los sufragios.
El presidente y los candidatos oficialistas y opositores trazan estrategias políticas para el futuro, pero nadie discute la inserción de Brasil en el mundo como potencia no ya regional sino mundial. Lula introdujo en Brasil una dosis de justicia social que faltaba, sin por ello atentar contra los intereses macroeconómicos que permitieron que Brasil dispute actualmente espacios de poder con las principales potencias de la Tierra. El desafío de su sucesor será el de conducir el rumbo del “proyecto Brasil” tan bien como él.
Uruguay, Chile y Brasil son países con proyección, se “eyectan hacia adelante” siguiendo un rumbo, una orientación sobre la cual están mayoritariamente de acuerdo la comunidad y la conducción política. El hecho de que despidan a sus presidentes con altísimos índices de popularidad es un claro indicador de que saben que deben seguir adelante y por el mismo camino independientemente de las figuras. “Fue muy bueno, pero debemos seguir adelante por el camino propuesto” parece ser el mensaje. A veces no es tan importante continuar un poco más hacia la derecha o hacia la izquierda, sino hacerlo hacia adelante. Eso es lo que hace que Uruguay, Chile y Brasil, tengan a pesar de la incertidumbre electoral del momento, futuros promisorios.

EL ARDUO CAMINO DE LA PAZ

Los gobiernos de Rusia y los Estados Unidos finalmente han mancomunado esfuerzos para intentar resolver el conflicto abierto por el plan nuclear de Irán. Una red de negociaciones se oculta detrás, en la cual, aunque escondidos, afloran los intereses de uno y otro.
Tras largas negociaciones, el gobierno ruso aceptó la propuesta de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), con vistas a enriquecer uranio iraní en su territorio, para luego devolverlo a Irán garantizando a la comunidad internacional que el uso que se le dará será exclusivamente civil.
La necesidad iraní de desarrollar energía nuclear es real. El país exporta su petróleo y no posee los medios adecuados para refinarlo. Debe comprar combustibles en el exterior a mayor costo. Simultáneamente, los ingresos que deja la exportación de petróleo son notorios. Si Irán produce energía a bajo costo -como la nuclear- le permitiría resolver sus problemas energéticos internos y quedarse con las ventajosas diferencias producto de la exportación petrolera, cuyo destino es principalmente, China e India, dos de las principales potencias emergentes del planeta.
Sin embargo, el gobierno de Irán deja demasiados aspectos librados a la sospecha. Hace poco tiempo anunció la existencia de una nueva planta de enriquecimiento de uranio vecina a la ciudad sagrada de Qoms. El anuncio se produjo cuando el uranio enriquecido -que puede ser utilizado para fines civiles pero, en gran cantidad, también con fines bélicos- ya se estaba produciendo.
Surgen entonces algunas preguntas.
¿Tiene derecho Irán a producir energía nuclear? La respuesta es sí. Y así parece entenderlo la comunidad internacional, incluido el gobierno de Barak Obama -no sucedía lo mismo con la administración Bush.
¿Tiene derecho Irán a producir energía nuclear con fines bélicos? Aquí se suscita el conflicto, porque la teocracia iraní genera una profunda desconfianza no solamente en los Estados Unidos e Israel -su mayor aliado en Medio Oriente- sino en la mayor parte de la comunidad internacional. Es por ese motivo que se le piden permanentemente garantías al gobierno de Irán. El mecanismo tradicional implica inspecciones periódicas por parte de la OIEA, a las que las autoridades del país se han negado sistemáticamente, abriendo más aun la brecha de la desconfianza.
En realidad, no hay inocentes en la historia. El gobierno de los Estados Unidos acorrala a Irán siempre que puede desde la revolución islámica de 1979 que derrocó el gobierno de su aliado, el Shá Reza Pahlevi. Además, los Estados Unidos no acaban de reconocer que la crisis energética a la que se enfrenta el mundo, donde los recursos tradicionales -petróleo y gas natural- se encaminan a su extinción y su reemplazo por nuevas formas de energía, son las que han movilizado su accionar bélico en Oriente durante los últimos años. Desde los Estados Unidos se presiona a Irán, pero sin contar que la racionalidad del gobierno iraní es diferente de la occidental. Irán se defiende atacando. Ataca financiando a grupos islámicos radicalizados, la mayor parte de ellos considerados terroristas por Occidente.
¿Qué tiene que ver Rusia en esta historia? En primer lugar, que sostiene viejos y estrechos vínculos con el gobierno de los ayatollás. En segundo lugar, que las diferencias entre su gobierno y el de los Estados Unidos fueron tan marcadas durante la administración Bush, que recordaron lo peor de la Guerra Fría. El más claro exponente de la mutua desconfianza entre las dos mayores potencias militares del globo, fue expresado por el intento del gobierno de George W. Bush de imponer un “escudo antimisiles” en Europa Oriental bajo la fachada de la defensa de eventuales ataques procedentes de Irán o Corea del Norte. La visión de la crisis energética global de la administración Bush consistió sencillamente en apropiarse la mayor cantidad de fuentes energéticas tradicionales a cualquier precio, incluida la guerra. Así procedió y así disputó espacios de poder en Oriente y el Cáucaso con Rusia, en el territorio de varias de las ex repúblicas soviéticas. Ese era el fin real del escudo antimisiles, amedrentar y hacer retroceder a Rusia. Por supuesto que esa conducta denotaba un escaso o nulo conocimiento de la idiosincrasia rusa.
Fue necesario un cambio político en los propios Estados Unidos para que la situación se encausara. Si un mérito ha cosechado el gobierno de Barack Obama es el de ser mucho menos hipócrita que el de su antecesor. Obama ha ensayado desde el inicio de su mandato un discurso conciliador con Irán y con Rusia. Es menos conciliador con los conservadores gobernantes en Israel. Y finalmente le ha dado una muestra tangible a Rusia de su buena voluntad al descartar el mentado escudo antimisilístico. Eso le producirá algún descontento con los gobiernos de Polonia y la República Checa, países en los que se emplazarían los misiles interceptores y los radares respectivamente, pero ya se estudian alternativas para minimizar el descontento. Gracias a estas medidas, el gobierno estadounidense ha obtenido el apoyo de su par ruso en la búsqueda de una salida negociada al conflicto nuclear con Irán.
Se ponen entonces de manifiesto tres cuestiones. En primer lugar, es evidente que la administración Bush mentía con respecto a la necesidad del establecimiento de un escudo antimisiles. En segundo lugar, Rusia resulta imprescindible al momento de encontrar una salida negociada. En tercer lugar, es necesario que el gobierno iraní deje de engañar a la comunidad internacional y abra el juego de su plan nuclear para llevar confianza al resto del planeta.
Ahora, la OIEA espera recibir una respuesta definitiva por parte de los gobiernos de Francia, Estados Unidos, Rusia y -principalmente- Irán, a su propuesta de acuerdo consistente en que dicho país enriquezca su uranio en territorio ruso. Es tiempo de que las buenas intenciones den paso a las demostraciones. Barak Obama dio el puntapié inicial, el gobierno ruso se sumó a la iniciativa. La pelota está ahora en el campo de la teocracia iraní, que tiene una oportunidad histórica para demostrarle al mundo que no hay nada que temer.
En caso contrario, el conflicto podría ingresar en una pendiente preocupante y adquirir dimensiones globales, principalmente si se tiene en cuenta que el gobierno de Israel ha anunciado que no esperará a que Irán desarrolle una bomba nuclear y sería capaz de actuar militarmente contra Irán el año entrante si las condiciones no están dadas para garantizar su seguridad.
Lamentablemente, los últimos atentados perpetrados en Irán por grupos terroristas ligados a una vertiente islámica divergente con la gobernante teocracia chiita, generan inquietud y harán más tensa la espera hasta que finalmente las autoridades del país se expidan.
El camino que conduce a la paz siempre resulta arduo.

O MAIS GRANDE DO...

Brasil ha dado en los últimos tiempos distintas señales de una vocación de poder que lo llevó a situarse entre los países más importantes de la Tierra.

No es ninguna novedad que la de Brasil sea la mayor economía de América Latina y la segunda del continente, detrás de la de los Estados Unidos. De acuerdo a datos del Banco Mundial, la economía brasileña es actualmente la octava a nivel mundial. Se estima además que éste año, el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá alrededor del 3,5 por ciento, dejando atrás la recesión y la crisis económica y financiera global.
Con una economía en expansión, un comercio exterior en crecimiento, una población que se acerca a los 190 millones de personas, una industria desarrollada y una insoslayable dosis de coherencia política, Brasil se ha convertido en una de las potencias de segundo orden mundial junto con Rusia, China e India, aunque detrás -por ahora- de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.
El dato novedoso en los últimos tiempos es que la dirigencia brasileña ha acentuado notoriamente su disposición a disputar espacios de poder en América Latina para, desde allí, proyectarse mejor a un plano de liderazgo global.
En los últimos meses, Brasil ha adquirido armamento. Los motivos son dos. Por un lado, controlar las fronteras, amenazadas por la guerrilla y el narcotráfico colombianos, la creciente presencia de militares estadounidenses en ese mismo país y la adquisición de armamento ruso por parte del gobierno del venezolano Hugo Chávez. Con ese objetivo, adquirió aviones no tripulados al gobierno israelí. Por otro lado, para posicionarse globalmente y para proteger sus reservas petrolíferas, acordó con el gobierno de Francia la adquisición de cuatros submarinos, el primer submarino nuclear de su flota, cincuenta helicópteros y en breve incorporará también aviones. La novedad de estos acuerdos con Francia, consisten en que Brasil adquirirá la tecnología para fabricar todo ese armamento en su territorio. Brasil se convierte así en la segunda potencia militar de América.
Políticamente, la diplomacia brasileña, caracterizada por la mesura y siempre dispuesta a aportar sus buenos oficios a los países de la región, mediando entre las partes en conflicto cada vez que se lo requiriera, parece encontrarse en un proceso de profundización de su protagonismo. Así lo demuestra su reciente intervención en la crisis política hondureña. Al prestar su embajada en Tegucigalpa para albergar al presidente depuesto, Manuel Zelaya, la diplomacia brasileña se introdujo de lleno en un conflicto en el cual, deliberadamente, decidió dejar de ser espectadora.
No se sabe aún como hizo Zelaya para llegar hasta la embajada brasileña en la capital de Honduras, pero resulta evidente que contó con el respaldo de la diplomacia y las autoridades de Brasil. Más aún, el propio presidente Luiz Inacio “Lula” da Silva, expresó que Zelaya podía permanecer en la embajada todo el tiempo que fuera necesario. Este hecho, aparentemente menor, contiene varios mensajes implícitos que ameritan una lectura minuciosa.
En primer lugar, la dirigencia política y la diplomacia brasileñas intervienen en un conflicto interno -aunque con repercusiones regionales- tomando parte por uno de los sectores en pugna. Brasil apoyará una salida negociada entre las partes, pero albergando a Zelaya en su embajada -es decir, en su propio territorio- demuestra su compromiso con la institucionalidad y las reglas de juego de la democracia. El dato es importante porque la diplomacia carioca se ha mostrado tradicionalmente contemplativa con regímenes autoritarios -como el cubano, por ejemplo- y empieza a dar señales de un mayor compromiso con la democracia en la región.
En segundo lugar, hay un mensaje velado para el gobierno estadounidense. Ante la tibieza con la cual la administración Obama condenó al golpe de Estado que expulsó del poder a Manuel Zelaya y la inacción que mantuvo durante los tres meses posteriores, el gobierno del presidente da Silva muestra determinación y compromiso para encontrar una solución definitiva. Brasil deja de actuar como “delegado” de los Estados Unidos para mantener en orden el “patio trasero”. Comienza a conducirse como el “dueño del patio”, al cual, naturalmente, quiere mantener ordenado.
En tercer lugar, hay un mensaje sutil en sus formas pero contundente en su fondo para el gobierno de Hugo Chávez: si hasta ahora a Zelaya lo patrocinaba Venezuela, a partir de ahora, lo patrocina Brasil. De esta manera y sin declaraciones rimbombantes, Brasil le está manifestando a la comunidad internacional y muy especialmente a sus pares latinoamericanos, que no le va a permitir a Chávez hacer lo que quiera. Puede permitirle al mandatario venezolano abusar de su verborragia, pero le está dejando en claro que Brasil tiene poder y autoridad y no va a permitirle hacer cualquier cosa.
Pese a encontrarse aún muy lejos de constituirse en el país “mais grande do mundo”, Brasil ya es el país “mais grande do América Latina”. Su crecimiento económico ha sido fundamental en ese proceso, pero lo que ha ido en consonancia con esa mejoría ha sido la vocación de poder y la coherencia de su dirigencia política. El ejemplo más fiel de esa dirigencia es, indudablemente, su presidente. “Lula” ostenta actualmente, tras siete años en el poder y con el desgaste que implican dos gestiones consecutivas, un índice de aprobación de su gobierno que ronda el 80 por ciento. Prácticamente en ningún lugar del planeta se registran cifras similares.
El presidente ha sido capaz de ceñirse a las reglas de juego de la democracia pese a las voces que le proponen vulnerar la Constitución Nacional para postularlo a un tercer período consecutivo. Ha sido capaz de articular un fenomenal crecimiento económico sin renunciar a sus principios ideológicos cuyo vértice es la justicia social. En Brasil mejoran los indicadores macroeconómicos al tiempo que mejora -lentamente, pero sin pausa- la situación social de los más desfavorecidos. Sin apelar a la desmesura en sus expresiones públicas, “Lula” es contundente en los hechos. Planes sociales consistentes, políticas confiables, determinación en sus posturas ante el mundo.
Brasil es la locomotora de América Latina. Para los países de la región ha llegado el momento de decidir si subirse o no al tren. De lo contrario, quedará constituirse en “furgón de cola” o en adoradores de la principal potencia de la Tierra, la cuál suele estar ocupada en cuestiones mucho más importantes que en ver qué le sucede a los países del cono sur del continente.

¿UN NUEVO SOL NACE EN JAPÓN?

Producto de dificultades económicas y sociales, Japón se despide de su tradicional sistema de partido hegemónico y deposita buena parte de sus esperanzas en un embrionario bipartidismo del cual se espera sea capaz de implementar cambios.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón se convirtió en una monarquía constitucional en la cual las personas mayores de 20 años accedieron al derecho a votar en sufragio universal. La otrora todopoderosa figura del Emperador se convirtió en un referente simbólico de la nación con funciones estrictamente ceremoniales, un jefe de Estado sin poder real en los asuntos de gobierno, pero ocupando un rol destacado como símbolo de unidad nacional.
Sin embargo, en los hechos Japón era, hasta hace pocos días, una democracia parlamentaria parcial. Como en todo sistema político parlamentario, los japoneses elegían a los miembros del poder legislativo y, entre ellos, al primer ministro. Pero lo cierto es que el sistema de partidos políticos japonés no era lo suficientemente democrático, dado que el Partido Liberal Democrático (PLD) -de tendencia conservadora- gobernó en forma prácticamente ininterrumpida durante los últimos 54 años en convivencia con otras agrupaciones políticas menores que, en realidad, no tenían posibilidades de ocupar el poder.
Se trataba de un sistema de partido hegemónico caracterizado porque, a pesar de existir otras agrupaciones políticas, la única con posibilidades ciertas de alcanzar el poder, era siempre la misma. Salvando las evidentes distancias, se trataba de algo similar a lo que sucedió en México durante 70 años con el predominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o en el Paraguay con el Partido Colorado.
El pasado 30 de agosto otro partido político, el Democrático (PD), obtuvo en las elecciones los escaños suficientes como para provocar una alternancia de poder, un dato insoslayable para la política japonesa y mundial.
La última elección había tenido lugar en 2005 cuando el PLD, conducido por Junichiro Koizumi, obtuvo la mayoría. Desde entonces Japón tuvo tres primeros ministros -Shinzo Abe, Yasuo Fukuda y Taro Aso- quienes asumieron el gobierno sin haber realizado una elección general.
El triunfo del PD y sus aliados políticos minoritarios abre la posibilidad de un cambio en Japón. Sin embargo, ese posible cambio no debe vislumbrarse como radical. El PD es un partido de centro, menos conservador que el PLD, pero sin llegar a ser ni un clásico partido liberal -al estilo de los demócratas estadounidenses- ni un partido de tintes socialistas -como el laborismo en Gran Bretaña.
Lo cierto es que los japoneses constituyen una sociedad conservadora y tradicionalista. No es casual que se trate del país con más habitantes centenarios en la Tierra -más de un millón. La Organización Mundial de la Salud indicó en mayo que Japón, con 83 años de media, tiene la mayor esperanza de vida del globo: 79 años para los hombres y 86 para las mujeres. El 22,6 por ciento de los japoneses es mayor de 65 años. Más aún, la población japonesa envejece cada vez más. En 2006, con 128 millones de habitantes el país alcanzó su pico máximo de población y, desde entonces, comenzó a decrecer.
La longevidad es solamente una parte de la explicación del conservadurismo de una sociedad acostumbrada más que cualquier otra a que “el ahorro es la base de la fortuna”. Porque además de su proverbial compulsión al trabajo, los japoneses ahorran mucho y gastan poco, algo muy positivo para ciertos tipos de crisis económicas pero perjudicial para otras como la actual.
El escepticismo reinante en esta sociedad que en los últimos sesenta años padeció una catastrófica derrota en la guerra con bombas nucleares incluidas, ocupación extranjera, frecuentes movimientos sísmicos y que arrastra más de una década sin crecer -a lo que se suma la actual crisis económica- parece uno de los factores que ha ayudado a los japoneses a subsistir ante la adversidad.
Actualmente, la sociedad japonesa enfrenta otros dos problemas económicos y sociales cruciales. Uno es la desocupación, que ha trepados hasta el 4,5 por ciento y a la que la población no está acostumbrada. El otro, el alto número de suicidios. En 2008 hubo 32 mil japoneses que se quitaron la vida. Los primeros datos de 2009 arrojan un incremento de más del 10 por ciento sobre las cifras récord del año anterior.
El triunfo del PD en los últimos comicios representa en buena medida una intención de cambio, una búsqueda de soluciones nuevas aunque sin salir de la moderación. El nuevo partido gobernante designará en breve a su líder, Yukio Hatoyama, para el cargo de primer ministro de la segunda economía mundial.
El primer desafío del nuevo gobierno es demostrar que el cambio de un sistema hegemónico a uno bipartidista, vale la pena. Que el equilibrio entre dos puede ofrecer un espacio más amplio para aquellas personas que piensan diferente y que la posibilidad de la alternancia en el poder hará que los políticos se esfuercen más en encontrar soluciones a las demandas sociales. Podrá acercar más a los japoneses a familiarizarse con el diálogo, a construir más política en sentido horizontal y menos en sentido vertical. Hatoyama asumirá los destinos de un país con una población envejecida, que genera altísimos gastos sociales y una economía debilitada tras haber atravesado la peor recesión desde la posguerra con tasas de desempleo récord.
El programa del PD prevé favorecer la natalidad mediante ayudas económicas directas por hijo y garantizando la escolaridad gratuita hasta la universidad. También se propone aumentar el seguro por desempleo, apoyar a los ancianos y a los más desfavorecidos. El programa genera escepticismo entre varios analistas, que se preguntan sobre su financiamiento en un país hundido en sucesivas crisis económicas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y en momentos en que la deuda pública alcanza el 170 por ciento de su Producto Bruto Interno.
En el plano internacional, el PD se ha comprometido a aplicar una política más independiente de los Estados Unidos, su aliado clave, que tiene apostados 47 mil soldados en el archipiélago. Por otro lado, prevé impulsar sus relaciones diplomáticas con países de la región y promover un bloque asiático más institucionalizado políticamente, es decir, algo más parecido a la Unión Europea.
Japón se ha encontrado mucho peor que ahora y ha demostrado una extraordinaria capacidad para resurgir de sus cenizas. El desafío actual es cambiar para no sucumbir ante un mundo que, sumido en la crisis económica, demanda liderazgos. Simultáneamente, otros países como China, India, Rusia o Brasil, se muestran como alternativas a la conducción tradicional de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Es por eso que los japoneses deben preguntarse si seguirán marcando tendencia o se resignarán a un discreto segundo plano.
Este cambio político abriga entonces moderadas esperanzas, pero esperanzas al fin. Queda en manos de Yukio Hatoyama y su partido la tarea de contagiar con su impronta de cambio a los japoneses. Quedará en mano de los japoneses contagiarle al mundo una nueva impronta de cambio que los sitúe nuevamente en la cresta de la ola, o bien, la resignación de, simplemente, formar parte de ella.

UNIDOS POR LA DISCORDIA

La nueva cumbre de presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas permite entrever un denominador común en la trama de vínculos entre los países de la región: la discordia.

El acta de nacimiento de la Unión de Naciones Sudamericana (UNASUR) estuvo inspirada por los ideales -todavía vigentes- de la Revolución Francesa. Crear las condiciones óptimas para garantizar la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los pueblos de los países de la América del Sur, a partir de un proyecto integrador más ambicioso y abarcativo que los existentes hasta entonces.
Su objetivo formal es la construcción, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus integrantes, utilizando el diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, la financiación y el medio ambiente, entre otros, para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación ciudadana y fortalecer la democracia.
Sin embargo, desde 2004 y hasta la fecha, el factor común a las relaciones entre los miembros, parece ser la discordia.
Este grupo que aglutina a los doce países independientes del cono sur del continente, a saber, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, contiene diferencias ideológicas, políticas y económicas de tal magnitud, que hacen que las diferencias culturales existentes entre los pueblos parezcan una nimiedad.
La tensión entre los gobiernos de Venezuela y Colombia amenaza directamente con conflicto bélico. El establecimiento de militares, equipamiento y contratistas estadounidenses en siete bases militares colombianas, cuyo objetivo es la profundización de la lucha contra el terrorismo, la guerrilla y el narcotráfico, ha generado malestar en el seno de UNASUR y un contrapunto difícil de superar con el presidente venezolano, Hugo Chávez.
A las diferencias ideológicas existentes entre el curioso “socialismo del siglo XXI” de Chávez y sus seguidores sudamericanos y los conservadores acólitos de los Estados Unidos, encarnados por el gobierno del colombiano Álvaro Uribe, se le agrega este encono por la presencia militar norteamericana en la región, entendida por muchos -y no sin razón- como una “avanzada yanqui” en el sur de América. Lo cierto es que, detrás de las diferencias ideológicas, Uribe y Chávez esconden sus propias apetencias de poder. El primero, aspira a conseguir un tercer mandato consecutivo reivindicando la política de “mano dura” con la guerrilla y los narcotraficantes que le ha dado ya un amplio rédito electoral con reelección incluida. El segundo, ha hecho de su diatriba antiimperialista uno de los ejes de su política para cooptar voluntades por toda Latinoamérica, la cual es financiada por los abultados ingresos petroleros del país, cuyo principal comprador es -y he aquí la curiosidad- Estados Unidos.
Chávez utiliza -más allá del hecho de la injerencia real de los Estados Unidos en la región- el discurso antiimperialista como un elemento ideológico de autojustificación. Situando a los Estados Unidos como “enemigo interno” de los venezolanos y como “enemigo externo” de los latinoamericanos, intenta legitimar su intervención de los tribunales electorales, la justicia, la legislación, la educación, los medios de comunicación y cuanta esfera de la vida pública se interponga en su camino. Tanto para Uribe como para Chávez, el objetivo es el mismo: la perpetuación en el poder.
Pero no es solamente ésta la única discordia presente en el seno de la UNASUR. El primer mandatario peruano, Alan García, está al borde de un ataque de nervios. Se siente rodeado por una “marea roja” chavista. No mantiene buenas relaciones ni con Rafael Correa, su par ecuatoriano, ni con Evo Morales, su par Boliviano. Argentina, tradicional aliado regional de Perú, comulga también con el chavismo. Como si eso fuera poco, atraviesa un difícil momento con el gobierno chileno. El motivo es una demanda que interpuso la administración de Alan García contra Chile en el Tribunal Internacional de La Haya, en reclamo por 35 mil kilómetros de frontera marítima. García sostiene que existe un acuerdo secreto entre los gobiernos de Chile y Bolivia que apuntaría a satisfacer las necesidades bolivianas de una salida al mar, pasando por alto los intereses peruanos. Argumentando que se incumplió un pacto suscripto en 1929 entre Perú y Chile que disponía que el destino de los territorios correspondiente a las ex provincias peruanas de Iquique y Tarija -anexados por Chile tras la Guerra del Pacífico- debían ser consensuados, García aprovechó para reclamar lo que considera que le pertenece a su país.
También se arrastran discordias de larga data, como la protagonizada por los gobiernos de Uruguay y Argentina, con motivo de la instalación de la planta procesadora de pasta de papel Botnia.
En última instancia, la cumbre de Bariloche representa un desafía para la diplomacia brasileña, artífice de la UNASUR, en la que deposita expectativas como plataforma de lanzamiento del país como potencia mundial y no ya meramente regional.
Pese a la insatisfacción con la decisión colombiana de autorizar el uso de sus bases por los Estados Unidos, el presidente brasileño, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, ya aceptó que se trata de un hecho y espera que su par colombiano le ofrezca la seguridad de que serán usadas exclusivamente para acciones en territorio colombiano.
El conflicto entre Colombia y Venezuela es el más visible, pero no debe enmascarar las profundas diferencias que atraviesan al bloque regional tanto en materia de políticas públicas, como de política exterior, economía y defensa. Un dato revelador sobre la “discordia latinoamericana” es el aportado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que destacó un aumento del 91 por ciento en el gasto militar de América Latina y el Caribe entre 2003 y 2008, pasando de 24.700 millones de dólares a 47.200 millones. Por su parte, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo indica que el dinero destinado para armamento el año pasado en Sudamérica fue de 48.000 millones de dólares, un 6 por ciento más que en 2007, constituyendo un aumento del 50 por ciento en la última década. Mientras tanto, América Latina, continúa siendo la región socialmente más inequitativa del planeta.
El desafío de diplomacia brasileña por éstos tiempos es que, pese a que “no nos une el amor sino el espanto” -como decía Jorge Luis Borges- la UNASUR sigue siendo un proyecto viable para los sudamericanos.